Por: Providencia Rossi
El gobierno no tiene facultad constitucional para firmar un acuerdo de esa naturaleza, asegura el abogado y ex procurador general, Radhamés Jiménez Peña, en alusión al Acuerdo sobre Nacionales de Terceros Países (TCNA) firmado por la República Dominicana con los Estados Unidos.
El acuerdo anunciado por el gobierno dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que facilita el traslado temporal de nacionales de terceros países a la República Dominicana, “Eso debe ser sometido al congreso nacional, luego de ser sometido al control preventivo de constitucionalidad, al tribunal constitucional, de lo contrario no tiene ningún efecto vinculante”, destacó Jiménez Peña en calidad de abogado de los tribunales dominicanos.
“El país tiene una alta tasa de criminalidad, la cual ha aumentado de manera vertiginosa en los últimos cinco años, la delincuencia ha desbordado la competencia de las autoridades y, si entonces el gobierno se dedica a recibir delincuentes de otros países, eso sería algo desastroso” manifestó el ex procurador del país caribeño al mostrar su desacuerdo con la firma del convenio entre ambas naciones.
Rigoberto Rosario, abogado constitucionalista y penalista coincide en que el acuerdo viola las leyes y la constitución dominicana y asegura que, “ese tipo de acuerdos que comprometen la soberanía del pueblo dominicano y contraen obligaciones con otro Estado tienen que ser aprobados por el congreso dominicano”.
El jurista destaca además que el acuerdo viola de manera grosera y vulgar la ley general de migración y automáticamente violenta la constitución, “la ley general de migración prohíbe la entrada a territorio dominicano a personas con antecedentes penales, es decir que las personas que están siendo deportadas es porque han tenido algún inconveniente con las leyes y el ordenamiento jurídico en territorio norteamericano, por ese hecho no son elegibles para entrar a nuestro país”.
Respondiendo a preguntas de Ventana Global News, sobre si existe una forma de revertir lo pactado, Rosario asegura que de acuerdo al ordenamiento jurídico dominicano, seria por la vía judicial, “si existiera un poder judicial con cierta independencia, podría ser revertido y también se podría revertir por ante las cámaras del congreso, pero en la práctica sería imposible, debido a que el partido de gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras y tiene el dominio absoluto de todos los poderes del Estado”.
Rosario dice que cualquier ciudadano podría someter una acción de amparo y en este caso el director de migración, porque se está violando la ley de esa institución.
