Por: Providencia Rossi
Nueva York.-
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, fue recibido con protestas de varias organizaciones cívicas y religiosas, durante su visita a la sede consular del país caribeño en Manhattan, Nueva York y en una actividad organizada por el Instituto del dominicano y dominicana en el Exterior (INDEX) en el Bronx.
Mientras el mandatario dominicano entregaba oficialmente el primer pasaporte electrónico para los residentes de Nueva York, Nueva Jersey y Boston durante un acto en la sede central del consulado en Manhattan, dominicanos disgustados, agrupados en la Coalición de Organizaciones Dominicanas Unidas (CODUE) protestaban frente a la entidad, con una comunicación dirigida al presidente, donde enumeran cada una de las peticiones al gobierno de la República Dominicana.
En la tarde, las entidades protestantes esperaron al mandatario a la entrada de Lehaman College, donde Abinader llegó para reconocer a 14 dominicanos destacados en Nueva York, durante la cuarta entrega del Reconocimiento Dominicano Destacado en el Exterior, denominada “INDEX Somos Todos”
A continuación compartimos el documento de la Coalición de Organizaciones Dominicanas Unidas (CODUE) dirigido al presidente Luis Abinader.
COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DOMINICANAS UNIDAS (CODU)
POR UNA REPÚBLICA MÁS JUSTA, PRÓSPERA Y SOBERANA
Nueva York, 20 de septiembre de 2026
Señor
LUIS RODOLFO ABINADER CORONA
Presidente Constitucional de la República Dominicana
Palacio Nacional
Santo Domingo, República Dominicana
SOLICITUD FORMAL DE RESPUESTAS, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBERANÍA Y DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL
La Coalición de Organizaciones Dominicanas Unidas (CODU), integrada por organizaciones cívicas, comunitarias, patrióticas, religiosas y empresariales, se dirige a usted para solicitar respuestas concretas, documentadas y verificables sobre asuntos de alto interés nacional. Esta comunicación recoge íntegramente los puntos que nuestras organizaciones han venido planteando y solicita que cada uno sea contestado institucionalmente.
1. CORRUPCIÓN, EXPEDIENTES E IMPUNIDAD
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, declaró públicamente que su institución tenía 276 casos sometidos al Ministerio de Administración Pública —de distinta naturaleza y gravedad, incluyendo, según sus palabras, doble sueldo y nepotismo— y que además había depositado 50 expedientes ante la Procuraduría General de la República. Solicitamos conocer: ¿cuáles son esos casos y expedientes?, ¿qué funcionarios o instituciones están involucrados?, ¿cuáles fueron investigados?, ¿cuáles fueron sancionados, judicializados o archivados?, ¿y cuál es el estado actual de cada uno? No afirmamos que los 276 casos constituyan malversación probada; precisamente por ello exigimos que se publiquen los resultados y que la ciudadanía conozca qué ocurrió con cada señalamiento.
2. MEDIO AMBIENTE, MINERÍA Y SALUD DE LAS COMUNIDADES
Solicitamos una revisión transparente de las actividades mineras, cementeras y extractivas que puedan afectar agua, suelo, aire, áreas protegidas y comunidades. Pedimos que se hagan públicos los estudios de impacto ambiental y, cuando existan denuncias o preocupación por posibles efectos sobre la salud, que se realicen estudios epidemiológicos independientes y técnicamente verificables. La protección del desarrollo económico no puede separarse de la protección de la vida, los recursos naturales y las futuras generaciones.
3. AZUA, HATILLO Y CEMENTOS SANTO DOMINGO
Solicitamos aclaración pública y documentación actualizada sobre cualquier autorización, solicitud, permiso o actividad vinculada con la explotación de caliza en Hatillo, Azua, y su relación con Cementos Santo Domingo. En 2015, el Ministerio de Energía y Minas desaprobó una solicitud de concesión denominada “Hatillo” porque, según la resolución oficial, el 92.78 % del área solicitada se encontraba dentro de áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, incluyendo el Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó y la Reserva Forestal Hatillo. La propia empresa Cementos Santo Domingo informa públicamente que pertenece en partes iguales a las familias Abinader y Bertolin. Por ello, solicitamos máxima transparencia sobre cualquier actuación estatal actual o posterior relacionada con esa zona y la divulgación de los permisos, estudios y decisiones correspondientes.
4. BARRICK GOLD / PUEBLO VIEJO Y RECURSOS MINEROS
Solicitamos que el Gobierno publique y explique de manera accesible la información pertinente sobre la explotación de Pueblo Viejo, los ingresos que corresponden al Estado, las obligaciones ambientales, la fiscalización, los planes de remediación y cualquier modificación contractual relevante. Pedimos supervisión independiente y rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer cómo se protegen los recursos minerales y qué beneficios concretos recibe el país.
5. RECURSOS PÚBLICOS Y PATRIMONIO NACIONAL
Solicitamos información clara sobre el uso de recursos públicos, contrataciones, publicidad gubernamental, bienes del Estado y cualquier denuncia relacionada con desperdicio, deterioro o pérdida de recursos destinados a la población. Todo gasto público debe poder ser auditado y explicado. La transparencia no debe limitarse a publicar cifras generales: debe permitir identificar contratos, beneficiarios, resultados y mecanismos de fiscalización.
6. MIGRACIÓN, FRONTERA Y SOBERANÍA NACIONAL
Existe una preocupación ciudadana significativa respecto del control de la frontera, la migración irregular y la capacidad de los servicios públicos. Solicitamos información verificable sobre las medidas adoptadas para controlar el ingreso y permanencia irregular de extranjeros, fortalecer la seguridad fronteriza y garantizar que las instituciones responsables cumplan la legislación dominicana. Las escuelas, hospitales y demás servicios públicos deben ser administrados con planificación, transparencia y capacidad suficiente para proteger los derechos y necesidades de la población, respetando al mismo tiempo el debido proceso y los derechos fundamentales de toda persona.
7. EMPLEO Y REGLA 80/20
Solicitamos fiscalización efectiva del cumplimiento de las normas de nacionalización del trabajo. El artículo 135 del Código de Trabajo establece, como regla general, que por lo menos el 80 % del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos, sujeto a las excepciones previstas en la propia legislación. Pedimos datos públicos sobre inspecciones, cumplimiento, excepciones aplicadas y sanciones cuando correspondan.
8. SOBERANÍA E INTERVENCIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
La cooperación internacional puede ser legítima y útil, pero ninguna organización externa debe sustituir las competencias que la Constitución y las leyes atribuyen a las instituciones dominicanas. Solicitamos que toda política o acuerdo relacionado con migración, territorio, seguridad, salud, educación o recursos nacionales sea transparente y se ejecute dentro del orden constitucional dominicano y de las obligaciones internacionales válidamente asumidas por el Estado. LA SOBERANÍA DOMINICANA NO ES NEGOCIABLE.
9. LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INSTITUCIONALIDAD
Solicitamos garantías efectivas para la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, la crítica ciudadana, la independencia de los poderes públicos y el cumplimiento de las decisiones de los órganos constitucionales. Cualquier preocupación sobre sentencias pendientes de ejecución, restricciones indebidas a la expresión o interferencias institucionales debe ser respondida con información oficial, mecanismos de control y cumplimiento de la ley.
NUESTRO LLAMADO
Después de seis años, ya no es tiempo de explicaciones generales. Es tiempo de respuestas concretas. Solicitamos que su Gobierno responda por escrito a estos planteamientos, identifique las instituciones responsables, publique la documentación pertinente y establezca plazos para las acciones pendientes. No pedimos privilegios ni sustituimos la función de los tribunales: pedimos transparencia, cumplimiento de la ley y rendición de cuentas.
Atentamente,
Rudy Durán Cristina Lluberes
Presidente Secretaria
